Gran crisis en el ministerio de Elena Salgado

Hace casi un año que a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, se le ha instalado una gran interrogación en su agenda: ¿He de cesar a Ricardo Lozano, o dejo que actúen los Tribunales? Ricardo Lozano, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), lleva más de dos años siendo investigado por presuntas irregularidades en su forma de entender la administración a aseguradoras y asegurados. Especialista en la redacción de informes contradictorios, e inexplicables intervenciones, y participando en los consejos de administración de todo lo que puede, el avezado director es copartícipe de uno de los últimos escándalos de la Administración de Zapatero.

Lozano es propietario de una vivienda en el lujoso barrio del Parque de Conde de Orgaz, una de las zonas más exclusivas de Madrid, valorado en 1,5 millones de euros. Y desde su vivienda, de la que es también propietaria su mujer y una empresa dedicada a la asesoría en el mundo del Seguro (VERSUS AIF), Lozano consiente que se realicen negocios relacionados con el sector del que es el regulador. Pero todo esto no sería de extrañar en un país en el que los escándalos, primero inmobiliarios y después políticos, inundan nuestra seca geografía, si no fuera porque el director está llevando su peculiar forma de administrar hasta sus últimos extremos.

Ricardo Lozano, que fue apoyado por el entonces secretario de Estado David Vegara, ha pretendido jugar en la primera división: como jugador, árbitro, seleccionador, utillero, espectador… recogiendo al final la única cosecha que se puede esperar de esta zafia actuación; una querella criminal por: prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos.

La querella, interpuesta el pasado mes de octubre por la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), está fundamentada en la persecución realizada por Lozano contra una de las empresas ejemplares del sector. Aún con el peso de la inspección, que no encontró nada, de la intervención; que no ha conseguido nada, AMA ha continuado consolidándose y creciendo, y todo ello gracias al esfuerzo de los cerca de quinientos trabajadores de la aseguradora que con acierto ha presidido hasta hace unos días el reputado ginecólogo pontevedrés Diego Murillo. La querella ha sido admitida a trámite y por lógica procesal, debería haber parado las actuaciones del regulador/perseguidor. Pero el relato de los hechos acontecidos puede dar una idea de dónde se encuentra la relación política-justicia, que en ocasiones tiene un margen tan estrecho que es inexistente.

El 30 de octubre se da traslado de las actuaciones a la Audiencia Nacional dentro del proceso de medidas cautelares de los autos que admiten a trámite la querella, y en el que califica los delitos como: falsedad documental, prevaricación y revelación de secretos. Rápidamente el director se asomó a los medios para contar que los juzgados «admiten todo». El pasado 5 de noviembre el Secretario Judicial de la Sección Sexta de la Audiencia Nacional da traslado del expediente al abogado del Estado para su calificación (al cierre de esta información no había pronunciamiento) y dice en el mismo que se suspendan los procedimientos administrativos y civiles iniciados por Lozano, por prejudicialidad penal.

La situación judicial en España es la que todos conocemos, hay un gran descontento entre los profesionales de la Justicia que no ven cubiertos sus mínimos para trabajar decentemente, y los juzgados están atascados gracias al gran número de asuntos, por lo cual es fácil esperar cualquier desaguisado. En medio de toda esta operación se encuentra el prestigio del órgano regulador del sector asegurador español. Y es el 13 de noviembre cuando la Audiencia, olvidando el auto del Secretario Judicial y olvidando la prejudicialidad penal en el asunto, dicta un auto en el que inhabilita al presidente de AMA. Ante el «olvido», la aseguradora presenta un escrito de súplica y nulidad de actuaciones, escrito que sí es fallado a favor de AMA y llevará al Director de Seguros a sentarse en el banquillo, ya que todas las actuaciones iniciadas por él serían nulas de pleno derecho. Este auto dictado por la Audiencia es el que Lozano esperaba en su cómodo despacho de la Castellana. Ya en sus manos, y, olvidándose de la querella y del recurso de súplica interpuestos por AMA, ejecuta la sentencia de la Audiencia. Ante la situación, el presidente de AMA presenta su dimisión, condicionada al recurso de súplica, y se nombra un nuevo presidente.

Hasta aquí podría llegar el relato de estos hechos, pero el pasado 15 de noviembre Lozano llama al nuevo presidente de AMA para que vaya a verle a su despacho. Las intenciones son claras, pero tendremos que esperar a que se celebre la reunión.

Una vez más está la credibilidad de la Justicia en primera página de la actualidad.